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Pero, ¿qué necesidad?

Eduardo Torreblanca Jacques

El asunto del precio del Gas LP, de los combustibles en general, preocupa al Gobierno de México a tales extremos que ha decidido subirse al ring y competir con las pocas empresas privadas existentes en el mercado del Gas LP nacional.

El Presidente, reconociendo las limitaciones de la acción gubernamental ha decidido crear una empresa filial de Pemex que comercialice el gas calle por calle vendiendo cilindros para que las familias mexicanas puedan adquirir un bien básico en sus hogares a menores precios de lo que actualmente tienen que pagar.

Supone que los altos precios fundamentalmente están soportados por una inadecuada acción de quienes venden esos cilindros a los hogares mexicanos y no por las condiciones vigentes en el mercado mundial.

Ha decidido enfrentar en competencia y decide medirse con los agentes de distribución en el mercado mexicano, un mercado de presencias oligopólicas.

La pregunta es si la Reforma Energética quitó armas al Gobierno Federal para enfrentar con éxito abusos en un mercado que es esencialmente dominado por un puñado de familias a las que se atribuyen prácticas de colusión en detrimento de consumidores.

¿El gobierno carece de dientes?
La razón justificada de tratar de evitar que el abuso de un puñado de empresas que controlan la comercialización afecte a millones de familias mexicanas, todo parece indicar, no puede cristalizarse en acciones de gobierno para poner un “hasta aquí” a esas prácticas.

Se dice que con la Reforma se quitó al Gobierno esas atribuciones.

¿Si efectivamente las perdió (asumamos que así sea) qué impide que las pueda adquirir sobre la razón del bienestar de las mayorías?, ¿por qué no pensar en destinar apoyos focalizados a los sectores sociales que más requieren de ese soporte para atender la coyuntura de precios altos en ese producto de primera necesidad?

Cuál es el problema que la Cofece efectivamente declare la inexistencia de condiciones efectivas de competencia para que la Secretaría de Economía pueda establecer precios máximos de venta al público,
¿por qué crear una filial de Pemex para competir contra un mercado en el que hay dominio oligopólico que procuraría impedir al Gobierno tener éxito en su propósito?, ¿por qué correr el riesgo de tener que invertir un dinero que no se tiene y someter a un desgaste innecesario a la figura y compostura financiera de una empresa que ya carga con la lamentable situación de ser la petrolera más endeudada del mundo (110 mil mdd)?
El precio del petróleo ha incrementado 66 por ciento en lo que va del año y nada indica que en el corto plazo habrá de reducirse.

Las diferencias entre la OPEP sugieren que el precio del petróleo y de otros combustibles derivados siga incrementándose en un mercado mundial corto en la oferta de los productos energéticos fósiles.

En materia del precio del gas LP en cilindro, el aumento en varias ciudades como la capital, supera el 40%, según la información que proporciona Profeco.

En otras ciudades excede ese porcentaje por el control que tienen las pocas empresas que distribuyen cilindros y abastecen tanques estacionarios.

Antes, hace 15 años, Pemex producía 70% de nuestras necesidades del producto y se importaba 30 por ciento.

Ahora importamos entre 70 y 75 por ciento. Pemex ha dejado de ser una pieza relevante en el mercado como para poder decir que tiene el sartén tomado por el mango.

¿Podría retomar ese papel esencial? Seguramente, pero no “pasado mañana”.

Se antoja argumentar condiciones de razón de Estado en la atención del problema y resulta inaceptable pensar que no haya instrumentos de acción eficiente que resuelvan la problemática sin poner al Gobierno en la necesidad de ponerse guantes y subirse al cuadrilátero para que le pongan una zapatiza histórica.

Noble es la razón, inconveniente la estrategia. Ya veremos los resultados.