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TLAXCALA, Tlax., 1 de junio de 2022.- La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros anunció que atenderá la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno estatal, por cometer irregularidades en la integración e investigación de un caso de trata de personas denunciado en el año 2019.
Sobre este tema, la mandataria refirió “desde luego con mucho respeto, siempre vamos a cumplir con todas las recomendaciones, lo hemos hecho hasta ahorita y nos interesa mucho siempre estar cerca de las mujeres, que las mujeres se sientan atendidas, es parte fundamental y le vamos a poner mucha atención”, dijo.
Ante las constantes quejas de los Colectivos en la falta de respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Cuéllar Cisneros explicó que existen muchos casos añejos en la Procuraduría, que se atienden expedientes no solo de la presente administración sino de la pasada y de varias gestiones anteriores, de ahí que refirió hay casos de 15 y 20 años de antigüedad que no han sido atendidos y que necesitan tener respuesta y solución, por lo que dijo, integrarán en la PGJE diversos grupos para que no queden en el olvido.
En cuanto, a los casos de esta administración según aseguró han sido atendidos y puntualmente resueltos, no obstante, señaló que los resultados no se han dado porque son solo 20 personas las que revisan miles de expedientes y ello atrasa el trabajo, de ahí que reforzarán esta área.
En cuanto a la recomendación de la CNDH, está también dirigida al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y al fiscal de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, por violaciones a los derechos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, así como a la intimidad en relación con la integridad y seguridad personal en perjuicio de ocho personas, probables de trata.
El caso específico de Tlaxcala, señala el oficio fue durante la administración del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), incurrió en varias dilaciones injustificadas y omisiones, entre ellas que no se solicitaron los informes de la Policía de Investigación y se pasó por alto los datos enviados por la FGR para las diligencias, además de agotar las líneas de investigación.
Por tanto, la recomendación establece que se vulneró el derecho de justicia de la víctima, se actuó con dilación en la ejecución de las diligencias solicitadas por el Ministerio Público (MP) y la entrega tardía de los informes respectivos, además de que la PGJE expuso de forma explícita y sin reserva del nombre y edad de las víctimas, por lo que no se resguardo la identidad, vulnerando con ello su derecho a la intimidad, omitiendo asimismo, las claves que les fueron asignadas y que presentó ante la Fiscalía General del estado de Querétaro (FGEQ).
La información oficial, señala que a pesar que una de las víctimas denunció actos de violencia sexual, en Tlaxcala no fueron realizados los exámenes ginecológicos, ni psicológicos, mismos que están determinados en el protocolo de actuación.
De acuerdo con el informe de la CNDH, el 5 de marzo de 2019 se recibió queja de una de las víctimas que señaló que después de estar 15 años desaparecidas, su hija fue rescatada en Tlaxcala junto con sus tres hijos menores de edad, por lo que se interpuso la denuncia ante la FGR por los delitos de matrimonio forzado y servil, por trabajo forzado, de donde existe radicada una carpeta de investigación.
Ante ello, la FGR se declaró incompetente para conocer del asunto y de ahí que se formuló una ampliación de la declaración y decidió remitir la investigación a la Fiscalía de Querétaro.