Presencialidad escolar: entre la oportunidad y la urgencia

Horacio Erik Avilés Martínez

El lunes 30 de agosto arrancó formalmente el ciclo escolar 2021-2022, entre polémica, polarización y posverdad. Mucho se ha abonado en torno a la falsa dicotomía que se ha entramado en torno al regreso a la presencialidad escolar para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México. La postura del regreso dictatorial no convence, pero tampoco el rechazo inopinado, aduciendo siempre falta de condiciones, porque terminan lacerando los derechos de la infancia y la juventud, especialmente los relacionados con el aprendizaje, cuyo ejercicio pleno se procrastina indefinidamente. Romper el cerco del falso dilema implica argumentar, proponer y poner manos a la obra.

Elevar el nivel de debate para tomar decisiones basadas en elementos científicos, racionales y objetivos es de trascendental importancia, para que no sean la politización, la creencia ni el pensamiento mágico los factores que terminen incidiendo en el regreso o no a clases presenciales.

Recordemos que, en nuestra entidad, en cuanto a la oposición al regreso a clases ahora ha surgido una posición catastrofista por parte de la CNTE azul, en Michoacán, la misma escisión que nació a mitad de este sexenio estatal, específicamente, durante el VIII Congreso Seccional de Bases de la CNTE, donde quienes fueron acusados de corrupción y expulsados fueron a conformar otra fracción, la cual logró mediante maniobras políticas el reconocimiento de otras secciones estatales. ¿Por qué hasta ahora se les ocurre consultar a los padres de familia o a los estudiantes?

Qué pena que no tomen en cuenta a los damnificados de sus actos cuando marchan, bloquean o se movilizan, cuando toman vías férreas u oficinas, cuando han traficado con recursos estatales emitiendo convocatorias paralelas a las oficiales, o cuando han abandonado a su suerte a los hijos de los michoacanos. Arguyen haber hecho una encuesta de la cual no se cuenta con una hoja metodológica ni una base de datos pública, en la que hacen preguntas sesgadas induciendo la respuesta, además de encontrarse en un flagrante conflicto de intereses, toda vez que su fama pública imbrica su reiterada proclividad a tomar los asuntos educativos de parapeto para impulsar un pliego petitorio que en absoluto tiene correspondencia con las necesidades formativas de las generaciones jóvenes. Ante la falta de elementos racionales de juicio, solo puede concluirse que la actitud de los líderes de la CNTE azul busca seguir ganando posiciones de poder político y no piensan en la educación.

Paradójicamente, en regiones alejadas bajo el dominio de la disidencia magisterial existen comunidades aisladas que sí podrían reabrir las escuelas, tanto por la mínima o nula incidencia de la pandemia como porque realmente urge abatir el rezago educativo y no hay opciones ni alternativas a distancia que sirvan, por la baja conectividad a Internet imperante. ¿Qué harán al respecto? ¿Cuál es su posición en torno a ello? La CNTE roja, “Poder de Base” también guarda una postura de rechazo al inicio del ciclo escolar, que al menos no se cobija en la opinión de una supuesta encuesta, mientras que en general, la fracción institucional oficial con toma de nota y el magisterio en general mantienen una actitud muy escéptica derivada de los pírricos pasos gubernamentales para garantizar un regreso a clases presenciales serio, seguro y voluntario en Michoacán. En suma, el malestar docente constituye una barrera adicional a resolverse en la entidad para tejer un retorno a clases.

En justicia con los actores gremiales citados, hay que reconocer que, en sus consignas, además de exigir mejores condiciones sanitarias, vacunación e inversión pública, así como sustitución de trabajadores de la educación con comorbilidades tienen adicionalmente una bandera legítima, la del impago a trabajadores de la educación. Concordamos: urge pagarles su salario debidamente a los maestros michoacanos, parte sustancial del rescate integral a las finanzas educativas estatales que hemos exigido desde hace más de una década. Sin ello, será muy difícil contar con los primeros garantes del derecho a aprender liderando un eventual retorno a la presencialidad.

Por otra parte, vimos entre los pronunciamientos públicos otra posición muy digna de análisis: estudiantes protestando por el regreso presencial a clases, amagando formar cadenas humanas en los planteles para impedirlo, hablando de un riesgo inmenso, pero en las cartulinas que portaban, sus reclamos estaban escritos con estentóreas faltas de ortografía. ¡Sin duda hay urgencia por retornar a clases! El punto es lograr que el gobierno responda ante las necesidades sanitarias y educativas, no facilitarles una actitud comodina donde salgan una vez más las autoridades a decir, “no hubo condiciones y además hubo paros”. Centrémonos en el objetivo a alcanzar, no en facilitar al gobierno su inacción. Especialmente, se destaca de las posturas anteriormente citadas que se requieren elementos objetivos para la toma de decisiones.

Al respecto, la semana pasada Mexicanos Primero presentó el Índice de Regreso para la reapertura de escuelas en todo el país. Cabe destacar que, con el Índice de Regreso se busca el equilibrio entre la factibilidad de abrir los planteles y la urgencia para garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes, al ofrecer información oficial sobre salud, protección de derechos y aprendizaje de más de 140 mil planteles públicos en todo el país, las primarias y secundarias de cada estado de la república. A partir de los datos que arroja esta herramienta, familias, docentes, directores y líderes escolares contarán con más elementos para discutir, exigir y organizarse en el regreso a las escuelas, una orientación para activarse. El índice es de acceso público y gratuito, puede consultarse en www.mexicanosprimero.org/indice y conocer cuál es la situación particular de cada una de las comunidades escolares de las cuales se cuenta con información. Esta información se puede emplear para discutir respecto al nivel de pertinencia para el retorno.

Los factores de oportunidad versus urgencia gravitan ampliamente para muchos procesos de toma de decisiones. En este caso, al construir el índice de regreso, se consideró dentro del factor de oportunidad las condiciones sanitarias en las cuales se encuentra cada comunidad escolar de la nación; es decir, que tan fuerte es la amenaza de la difusión de la pandemia y cuál es el estado de fuerza con el que se cuenta para hacerle frente en un contexto territorial dado. Mientras tanto, cuando se refiere a urgencia, se ponderaron los factores que tienen que ver con la necesidad de retornar al ejercicio pleno del derecho a aprender de los estudiantes de una escuela dada, vislumbrados a través de estadísticas.

En este caso, las escuelas con mayores urgencias, que implican la presencia de carencias en materia educativa son mostradas para que haya medidas gubernamentales que las arropen, permitiéndoles la construcción de capacidades y condiciones para el regreso a clases, mientras que las que muestran menores oportunidades de retorno a clases son aquellas que necesitan mejores condiciones en materia sanitaria, incrementándose la inversión al respecto y la disciplina social para lograr superar la situación imperante en materia epidemiológica.

Resulta muy importante destacar que, quien tiene la obligación de proveer esta información estadística es la autoridad educativa, por lo que la desactualización o inexistencia de datos para escuelas, regiones o entidades federativas no es responsabilidad de quienes elaboraron el índice, sino de los sujetos obligados a recabar la información y no la tienen disponible ni actualizada. El constitucional derecho a la verdad también es exigible a la autoridad educativa.

Cabe destacar que, este modelo de análisis matemático, basado en los datos públicos disponibles en la SEP, INEGI y otras fuentes, ayuda a priorizar en las regiones y escuelas que están en condiciones de iniciar actividades presenciales, las que tienen la mayor necesidad de apoyo y acompañamiento, y las que podrían funcionar con más autonomía. A partir de nueve niveles de oportunidad, se indica la factibilidad y urgencia que existe en cada plantel para el regreso al ciclo escolar que inicia este lunes 30 de agosto.

Al respecto, se corrió el modelo del índice de regreso a nivel nacional, donde se contabilizaron 140 mil 392 planteles escolares de las más de 200 mil que existen en la nación, donde los perfiles con mejores condiciones para el regreso a clases fueron un total de 37 mil 887 escuelas, que representan un 27 por ciento del total; con posibilidades medias, fueron 68 mil 014 escuelas, equivalentes a un 48 por ciento, mientras que las escuelas con bajas posibilidades de retorno fueron 34 mil 491 planteles, que son el 25 por ciento del total.

Sin duda, es un tema que merece seguimiento. El Índice de Regreso es un primer paso aproximativo a una complejísima realidad en materia sanitaria, educativa y socioeconómica, para poder diseñar medidas de política pública que permitan resolver la problemática inherente. Debe incorporarse este índice como un elemento más para la discusión y la toma de decisiones autónoma en cada comunidad escolar, de tal manera que el liderazgo lo asuman los directivos, maestros, estudiantes y padres de familia, con el apoyo de las autoridades educativas estatales y federales, las cuales deben de transparentar, escuela por escuela, el monto de los recursos económicos invertidos para el regreso a clases, en materia sanitaria, educativa, de equipamiento, de consumibles y de apoyo socioemocional para los estudiantes, maestros y sus familias.

Conforme todos los actores intervinientes tengamos más información y elementos de juicio será más fácil dialogar, consensuar y organizar el regreso a la presencialidad escolar a escala nacional, estatal, municipal, de comunidad escolar y en nuestros hogares, de manera tal que sea seguro, pertinente, voluntario y pleno, superando el capricho político, el cálculo de grupos fácticos y los intereses de unos cuantos, pasando de imposiciones adultocéntricas a medidas que garanticen los derechos de las generaciones en formación. La exigencia que deriva de esta discusión es insustituible: la autoridad debe dejar de justificarse y ofrecer opciones efectivas y aterrizadas, así como información clara respecto a las posibilidades reales para el retorno a clases. Lastimosamente, han transcurrido más de 530 días y 75 semanas sin que admitieran que hay escuelas que pueden abrir y otras que fueron prácticamente desmanteladas, saqueadas y olvidades. Urge que no pierdan más tiempo ni dejen de hacer todo lo necesario para que se dé un regreso presencial a las aulas, voluntario, paulatino y con protocolos claros, aceptados y adoptados por los estudiantes, maestros y sus familias de cada escuela.

Y usted, amable lector, ¿qué factores consideraría como prioritarios para el retorno a clases presenciales? Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles